Inicio 14 de marzo de 2012

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La cepa italiana Lambrusco llega a Chile para quedarse
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Parques Nacionales a la deriva


El Ministerio del Medio Ambiente no tiene injerencia alguna en el anuncio hecho por la Subsecretaría de Turismo: licitar 30 parques y reservas nacionales de aquí a ocho años. Una contradicción si se recuerda lo que actualmente se discute en el Congreso.

La Subsecretaría de turismo realizó un importante y complejo anuncio: se trata de la licitación de 30 parques y reservas nacionales de aquí al 2020. Esto significa que, sólo en el presente año, se licitarán 6 parques nacionales entre los que se encuentran Radal Siete Tazas y Pan de Azúcar.

La finalidad de las áreas protegidas públicas, tanto terrestres como acuáticas, es conservar el patrimonio natural, especialmente ecosistemas y especies, tal como lo señala la legislación nacional y establecen tratados internacionales suscritos por Chile. Entre sus objetivos no se encuentra generar negocios ni beneficios económicos a quienes las administran.

Por ello, es fundamental respetar los objetivos primarios para los que estos parques y reservas fueron creados; actividades como el turismo sólo deberían poder realizarse en la medida que no afecten el objetivo primario para el cual se crearon dichas zonas, esto es, las tareas de conservación y protección de ecosistemas y especies.

Lamentablemente, una vez más el actual gobierno impone una mirada economicista y de corto plazo, que pone en riesgo el patrimonio natural que nos pertenece a todos.

Es importante recordar que en la actualidad el Congreso Nacional discute un proyecto de ley con el objetivo de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín 7487), entidad que precisamente deberá hacerse cargo de las tareas de administración y de la implementación de planes de conservación en las áreas protegidas del Estado y que dependerá de la cartera de Medio Ambiente. Resulta contradictorio, entonces, que paralelo a esta discusión parlamentaria, otros tres Ministerios se atribuyan la facultad de implementar un sistema de licitaciones para las áreas protegidas, marginando a Medio Ambiente; este hecho representa una evidente contradicción entre diferentes estamentos del gobierno.

Con este anuncio, el gobierno de Sebastián Piñera no sólo exhibe un gran desprecio por la institucionalidad ambiental del país, y por la iniciativa legal que el mismo gobierno patrocina, sino que también por los procesos democráticos y participativos que en principio impulsa, para luego tomar decisiones inconsultas y destinadas únicamente a beneficiar a algunos privados, con la explotación de un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.

Fundación Terram exige al gobierno que deje sin efecto la decisión de licitar los parques y reservas nacionales, tomada entre cuatro paredes, y se comprometa a no licitar áreas protegidas públicas mientras no se apruebe e implemente la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pues queremos que esta futura institución tenga un patrimonio efectivo que resguardar.

 

Flavia Liberona
Directora Ejecutiva de Fundación Terram
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Por Lector Agro
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