El Proyecto de Ley que establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, semana fue despachado por el Senado en su primer trámite constitucional y con un amplio y transversal apoyo de los parlamentarios de todas las bancadas.

Este proyecto se enmarca en la decisión del Gobierno de la Presidenta Bachelet de renovar la principal batería de instrumentos de fomento al desarrollo del sector silvoagropecuario, como son la Ley de Riego; el decreto ley Nº 701 sobre Fomento Foresta, y el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, a través de los cuales se transfieren importantes recursos al sector privado.

Hasta ahora, dichas políticas gubernamentales -instauradas por el Gobierno a mediados de los ’90 tras la asociación de Chile al Mercosur- han apoyado a 222 mil agricultores y cubierto 1,7 millones de hectáreas reales beneficiadas, gracias a una inversión de US$525 millones en fomento.

La iniciativa, que tendrá una vigencia de 12 años, estará orientado a todos los agricultores para el apoyo en la recuperación de suelos agropecuarios degradados. Y, además, a los pequeños agricultores se les apoyará adicionalmente con la mantención productiva de suelos que hayan alcanzado el nivel mínimo técnico.

De esta forma, se beneficiarán actividades como la fertilización fosforada, la incorporación de elementos químicos esenciales, el establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada, y el empleo de métodos de intervención de suelo -como la rotación de cultivos-, orientados a evitar su pérdida, erosión y favorecer su conservación, entre otros.

Implementación

De acuerdo al proyecto de Ley, el Ministerio de Agricultura, a través de Indap y del SAG, administrará el sistema en forma descentralizada, asignando los incentivos a través de concursos públicos regionales o provinciales.

Indap tendrá asignado el 62% de los recursos y el SAG el 38%, privilegiando la atención hacia los pequeños productores. A su vez, se destinará un máximo de 2% de los recursos del programa para atender a los grandes agricultores con ventas de más de 25.000 UF anuales.

Estas mismas instituciones estarán a cargo de fiscalizar la ejecución del Programa, el que será supervisado por la Subsecretaría de Agricultura que, además, ordenará las evaluaciones que sean necesarias para adecuarlo y mejorarlo.

El Minagri creará y llevará un registro de los agricultores beneficiados, función que realizará mediante la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

La implementación del sistema de incentivos hará posible profundizar la descentralización del país, ampliando el papel de las regiones a través de sus Comités Técnicos y fortaleciendo la gestión de los operadores con la inclusión de un proceso de acreditación, evaluación y capacitación.

Asimismo, facilitará el acceso de mujeres y miembros de comunidades indígenas, grupos que representan una parte importante del sector de pobreza rural, a los incentivos del programa.