En nuestro país la erosión de los suelos constituye uno de los problemas ambientales más significativos para el sector silvoagropecuario, especialmente porque este recurso no renovable es altamente vulnerable a la influencia humana y las variaciones del clima.

De acuerdo a Rodrigo Álvarez Seguel, Director del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), "la mayor pérdida de suelos se concentra en las zonas áridas y semiáridas entre las regiones de Arica y Parinacota y del Bío Bío, y en las zonas subhúmedas y secas de las regiones de Aysén y de Magallanes. Sin embargo, todas las regiones presentan algún grado de erosión, lo que sucede sin controles adecuados ni ordenamiento territorial".

Los estudios de degradación de recursos naturales, erosión y fragilidad del suelo disponibles en Chile son escasos o se presentan a escalas generalizadas, y los estudios más detallados están localizados en zonas muy específicas y son de un alto costo económico. De hecho, el único estudio disponible con información de la erosión en todo el territorio nacional y que cuantifica el problema, data del año 1979.

"El suelo es un recurso natural, que en términos prácticos no es renovable. Esta pérdida irrecuperable condiciona a casi todos los demás aspectos del medio ambiente, que a su vez contribuyen de manera directa al crecimiento económico del país", enfatizó Álvarez.

Es por ello que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, a través del Ministerio de Agricultura y con financiamiento INNOVA-CORFO, realiza desde 2007 un estudio para la determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. Los resultados de este proyecto encabezado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), en colaboración con CONAF, SAG, ODEPA e INDAP, mostrarán en detalle las características de los suelos en un área aproximada de 74 millones de hectáreas y estarán a disposición del público a partir de julio de 2010.

El rol del Estado en materia de protección del suelo

El Decreto Ley 701, permitió crear y mantener hasta 1995 una gran superficie de bosques en Chile. Este instrumento bonificó la plantación de unas 800 mil hectáreas con una inversión de US$ 136 millones, generando importantes aportes tales como el control de la erosión, la captura de carbono y la generación de empleo rural.

En 1998 se dictó la Ley 19.561 que modificó el DL 701 hasta el año 2010, especificando las bonificaciones para la protección y recuperación de los suelos degradados del país y para las forestaciones realizadas por pequeños propietarios. Los beneficios adicionales de esta ley incluyen franquicias tributarias, apoyo crediticio y asistencia técnica.

Sólo en el periodo 1998-2008, el Estado otorgó US$ 284 millones en bonificaciones por concepto de forestación (475 mil hectáreas) y protección de de suelos (175 mil hectáreas). Paralelamente el programa Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), que se ejecuta en todas las regiones del país y cuyo propósito es recuperar la condición productiva de suelos degradados de los predios agrícolas, movilizó en lo que va de 2009 un presupuesto de $32 mil millones de pesos para una superficie objetivo de 24,2 millones de hectáreas.