El tema se ha mantenido con bajo perfil, cuentan cercanos a la iniciativa, porque durante 2009 el Congreso ha estado abocado a la discusión del futuro Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental, y la idea era no confundir ambas materias. Los gestores han contado con el apoyo de Hacienda, en concreto de Héctor Lehuedé, asesor del ministro.

Pero el tema circuló entre varios interesados. Una ONG internacional coordinadora de tierras privadas, The Nature Conservancy, dice que Eliodoro y Bernardo Matte, Eduardo Ergas, Andrés Schneider, Andrónico y Jean Paul Luksic, Pedro Ibáñez y Gabriel Ruiz-Tagle, entre otros, son algunos empresarios que están en proyectos de esta naturaleza.

"Es totalmente voluntario incluir el DCR en una propiedad", dice Alejandro Quintana, abogado de Grasty Quintana y Majlis y Cía., y quien representa a The Nature Conservancy. Cuenta que el proyecto de ley le entrega a una persona jurídica la misión de "cuidar" un predio, sin importar los metros cuadrados que tenga. "Si una persona quiere, lo puede hacer en el patio de su casa donde hay una especie que proteger". Y ese tercero debe limpiarlo, descontaminarlo y velar por su conservación.

"El DCR es fundamental, ya que sería el mejor instrumento que tendría una empresa como la nuestra para poder garantizar a sus inversionistas y clientes que a los terrenos se les dará el uso al cual se comprometió Patagonia Sur", explica Kimber. "Esto significa que el sector privado entrará de verdad en la conservación de los hábitats valiosos en el país, asunto que estaba fuera de los paradigmas vigentes que siempre achacan al Estado con esa responsabilidad", agrega Ringeling.

El 19% del país está protegido, pero hay falencias

En total, el 19% de la superficie terrestre del país está protegida por el Estado. El 84% de estas zonas se ubican en las regiones de Aysén y de Magallanes.

En las regiones centrales, desde la V de Valparaíso a la VIII del Biobío, el área total protegida es menor al 10%.

Peor aún, las regiones de Coquimbo, del Maule y la Metropolitana de Santiago tienen menos del 1% de su territorio protegido, en circunstancias que se trata de zonas de alta diversidad y endemismo del ecosistema mediterráneo.

Se ha calculado que hoy hay sobre 500 iniciativas privadas de conservación en el país, abarcando una superficie total cercana al 1,7 millón de hectáreas.

Hoy la meta gubernamental es lograr la protección del 10% de todos los ecosistemas relevantes al año 2010 y para eso se necesitaría una inversión de entre US$ 100 millones y US$ 160 millones.