Inicio 19 de noviembre de 2009

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Copiapó y Tierra Amarilla serán declaradas zonas saturadas por mp-10


La Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) aprobó en su última sesión ordinaria la decisión de solicitar a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) que inicie el proceso para declarar zona saturada por PM-10 a Copiapó y Tierra Amarilla, iniciativa que debería tener un periodo de tramitación cercano a los tres meses.

La declaración de zona saturada se hace por decreto supremo que lleva la firma del Ministro Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Salud ya que se trata de la aplicación de normas primarias de calidad ambiental.

El proceso de declaración de zona saturada se inició en noviembre del 2007 cuando la Autoridad Sanitaria y CONAMA exponen a la COREMA los antecedentes que indican un aumento en la concentración de MP10 en Tierra Amarilla y Copiapó generando con ello estado de latencia y/o superación de la norma anual y/o diaria.

En diciembre de ese año, se realiza una reunión con distintas empresas en la que se da a conocer el Informe la calidad del aire por material particulado respirable y el inventario preliminar de emisiones entre las principales fuentes emisoras de PM10 en Copiapó y Tierra Amarilla. Su resultado principal señala que las emisiones de MP10 provienen en un 90% de la actividad Minera.

Aunque en ese momento las empresas acuerdan financiar un Estudio que determine el aporte de cada fuente en la calidad del aire, definir el área geográfica de la distribución del PM10 y proponer medidas de reducción (a corto plazo) de emisiones para las fuentes identificadas, luego de un año de conversaciones no hubo acuerdo entre ellas.

Por ello, el año 2008 la COREMA acuerda iniciar el proceso de Declaración Zona Saturada, lo que se concretó con el Estudio “Informe Técnico para la Declaración de Zona saturada por contaminante MP10 Copiapó y Tierra Amarilla”. Este informe incluye los resultados de la modelación de calidad del aire y el polígono que delimita el área geográfica de la zona saturada por material particulado respirable y que tiene aproximadamente 2.200 km2 .

Una vez que se emite el decreto se inicia el proceso de diseño del Plan de Descontaminación, instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de la zona saturada.

La primera etapa es diseñar el anteproyecto del Plan para lo cual hay un plazo de 120 días y que se inicia mediante resolución del Director Ejecutivo de CONAMA. Durante este periodo se abre un expediente público, se conforma un Comité Operativo y se encargan estudios técnicos y científicos así como un estudio de impacto económico y social.

Posteriormente, se inicia el proceso de consulta ciudadana, el que tiene una duración de 60 días y en el cual se hace una publicación de un extracto del anteproyecto, se solicita la opinión del Consejo Consultivo Regional y Nacional y se recepcionan las observaciones ciudadanas.

La última etapa es la formulación del plan definitivo, la que tiene un plazo de 30 días y donde se consideran todos los antecedentes y observaciones de la fase de consulta, con lo cual el Comité Operativo formula el Plan de Descontaminación. Este después es discutido y aprobado por el Consejo Directivo y se somete a consideración del presidente de la República.

Este Plan de Descontaminación debe contener una serie de elementos como la Relación entre niveles totales de emisión y niveles a ser regulados, el plazo otorgado para reducir emisiones, el aporte relativo de las distintas fuentes a la emisión total, la proporción en que deberán reducir sus emisiones las fuentes responsables, la indicación de los responsables de su cumplimiento.

Además, debe incluir la indicación de las autoridades que fiscalizarán, los instrumentos de gestión que serán utilizados (control de episodios, educación ambiental), el cronograma de reducción de emisiones y de entrada en vigencia de los instrumentos de gestión, la estimación de costos y beneficios económicos y sociales, las condiciones para establecimientos nuevos establecimientos en el área y el programa de verificación de cumplimiento.


Por Daniel Guajardo
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